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EcuadorLa República de Ecuador es uno de los países más pobres de América Latina. El descubrimiento de petróleo a finales de la década de los 60 impulsó su crecimiento económico, pero la caída de precios de petróleo, los daños causados por la tormenta de El Niño y una combinación de otros factores a finales del Siglo 20 causaron una fuerte recesión económica y una inflación descontrolada que generó un éxodo masivo de emigrantes hacia EEUU y Europa.
Casi un 70% de los ecuatorianos vive bajo el nivel de pobreza. Un millón está en el umbral de la extrema pobreza, con ingresos de menos de 2 dólares diarios. Las poblaciones que viven en la costa, en su mayoría afrodescendientes, y las de las zonas rurales, en gran parte indígenas, son en general las más pobres.
El porcentaje de población indígena no está claro: mientras que los organismos que representan a los pueblos indígenas aseguran que un 40% de la población es Quechua, muchos no se identifican como indígenas en los censos poblacionales. La población afrodescendiente de Ecuador es una de las más marginadas en toda América Latina, y sufre de altos índices de pobreza y carencia de servicios básicos.
Desde la dolarización de 2003, Ecuador viene experimentando un crecimiento basado en las exportaciones de hidrocarburos y en las remesas que, sin embargo, no ha beneficiado a todos los ecuatorianos por igual. Se teme que el retorno de emigrantes a causa de la crisis global pueda tener un efecto muy negativo para el crecimiento del país.
Según datos de la ONU, más de 800.000 personas no tienen acceso a agua segura, y más de un millón no tienen acceso a saneamiento adecuado en Ecuador. La brecha entre zonas rurales y urbanas es, como en otros países, muy importante: en zonas rurales, un 12% de la población no tiene acceso a agua segura, y un 16% no lo tiene a un saneamiento adecuado, por un 3% y un 6% respectivamente en áreas urbanas. Existen también importantes desequilibrios territoriales, ya que cobertura tiende a ser menor en la costa y en el oriente que en la sierra.
Históricamente, la mala calidad de los servicios de agua y saneamiento y un uso esencialmente extractivo del recurso hídrico ha tenido impactos negativos no sólo en la salud, la nutrición y la calidad de vida de las poblaciones, sino también en la generación de oportunidades económicas y en la calidad y capacidad de las fuentes de agua para su aprovechamiento futuro. La ineficiente institucionalidad del sector, y la falta de espacios de gestión y participación pública, particularmente para las mujeres, han dificultado la solución de estos problemas.
La nueva Constitución de Ecuador considera el agua como un recurso estratégico y promueve la gestión integrada de los recursos hídricos, presentando la gestión pública y comunitaria como modelos viables de gestión.
El abastecimiento de agua potable y saneamiento es prioritario para la Estrategia Española en Ecuador, según el mandato del Plan Director de la Cooperación Española. El Plan promueve la gestión pública del agua, la mejora y ampliación de los servicios de agua y saneamiento y el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones y comunidades.
Entre otras acciones emprendidas en el sector está el Proyecto de Gobernabilidad del Agua, además de una actuación en el marco del Plan Ecuador en la Frontera Norte a través del Programa de Canje de Deuda.
Los objetivos últimos del Fondo de luchar contra la pobreza y mejorar las condiciones de vida de la población ecuatoriana más desfavorecida se pretenden lograr a través del fortalecimiento de los actores públicos y comunitarios para lograr una buena gobernabilidad en el ámbito del agua, una participación ciudadana real, el desarrollo o fortalecimiento de la instituciones tanto a nivel local como regional y una mejora en la cobertura de las necesidades sociales.
Las actuaciones de Fondo en Ecuador se centran en las poblaciones más pobres del país que se encuentran en zonas rurales y pequeñas comunidades en todo el territorio nacional, y tienen un enfoque integral que incluye, además de la capacitación institucional, componentes medioambientales, culturales, socioeconómicos y educativos para asegurar la sostenibilidad de los proyectos.
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